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CLÁUSULAS SUELO

El procedimiento de reclamación extrajudicial tendrá carácter gratuito. Ello no obstante, la formalización de la escritura pública y la inscripción registral que, en su caso, pudiera derivarse del acuerdo entre la entidad de crédito y el consumidor, devengará derechos arancelarios notariales y registrales, si bien los correspondientes, respectivamente, a un documento sin cuantía y a una inscripción mínima, cualquiera que sea la base.

El Boletín del Estado Nº 18 de 21 de Enero de 2017, publica el Real Decreto-Ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, con el que se pretende establecer un procedimiento de resolución extrajudicial, previo a la interposición de la demanda judicial, de carácter voluntario para el consumidor e imperativo de atender por parte de las entidades de crédito, que facilite que los consumidores puedan llegar a un acuerdo con sus entidades de crédito en orden a la restitución de las cantidades pagadas en aplicación de las cláusulas suelo contenidas en contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria cuyo prestatario sea un consumidor.

A los efectos de dicha norma se entiende por cláusula suelo cualquier estipulación contenida en un contrato de préstamo o de crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria a tipo variable, o para el tramo variable de otro tipo de préstamo, que limite a la baja la variabilidad del tipo de interés del contrato.

A tal efecto se prevé que las entidades de crédito deberán implantar un sistema de reclamación previa y adoptar las medidas oportunas para dar cumplimiento a las previsiones de mencionado Real Decreto en el plazo de un mes, debiendo implantar un departamento o servicio especializado al objeto de atender las reclamaciones presentadas al amparo del mismo.

Recibida la reclamación, la entidad de crédito debe efectuar un cálculo de la cantidad a devolver y remitir al consumidor una comunicación desglosando dicho cálculo, el cual debe incluir necesariamente las cantidades que correspondan en concepto de intereses. En el caso de que la entidad considere que no procede la devolución comunicará de forma motivada al consumidor su decisión, en cuyo caso se daría por concluido el procedimiento extrajudicial.

Si el consumidor manifiesta estar de acuerdo con el cálculo de la entidad de crédito, ésta acordará con el consumidor la devolución del efectivo, estableciéndose el plazo máximo de tres meses a contar desde la presentación de la reclamación para que el consumidor y la entidad de crédito lleguen a un acuerdo y se ponga a disposición del primero la cantidad a devolver.

Una vez convenida la cantidad a devolver el consumidor y la entidad de crédito podrán convenir la adopción de una medida compensatoria distinta a la devolución del efectivo.

Mencionada Real Decreto establece la obligación de las entidades de crédito de comunicar a la Agencia Tributaria la información relativa a las devoluciones acordadas.

Mientras se esté sustanciando dicho procedimiento de resolución extrajudicial las partes no podrán iniciar ninguna acción judicial o extrajudicial en relación con el mismo objeto.

Si se interpone una demanda judicial antes de que expire el plazo de tres meses antes indicado y con el mismo objeto se suspenderá el proceso judicial hasta que se resuelva la reclamación previa.

En cuanto a las costas procesales, (gastos del proceso judicial), se establece que si el consumidor rechaza el cálculo de la cantidad a devolver, o declina por cualquier motivo la devolución del efectivo, e interpone después una demanda, sólo se impondrán las costas procesales a la entidad de crédito si el consumidor obtiene una sentencia más favorable que la oferta recibida de la entidad.

Si el consumidor interpone directamente una demanda judicial sin haber interpuesto la reclamación previa, en caso de allanamiento total de la entidad de crédito, (conformidad con las pretensiones de la demanda), antes de contestar a la demanda se entenderá que no ha habido mala fe procesal por parte de la misma de la entidad de crédito y no se le impondrán las costas.

En caso de allanamiento parcial, siempre que la entidad de crédito consigne judicialmente la cantidad a cuyo abono se comprometa sólo se le impondrán las costas si el consumidor obtiene una sentencia cuto contenido económico sea más favorable que la cantidad consignada.

El procedimiento de reclamación extrajudicial tendrá carácter gratuito. Ello no obstante, la formalización de la escritura pública y la inscripción registral que, en su caso, pudiera derivarse del acuerdo entre la entidad de crédito y el consumidor, devengará derechos arancelarios notariales y registrales, si bien los correspondientes, respectivamente, a un documento sin cuantía y a una inscripción mínima, cualquiera que sea la base.

ACCIONES DE BANKIA

Le ofrecemos la posibilidad de reclamar judicialmente el importe invertido en la adquisición de acciones de Bankia en la Oferta Pública de Suscripción de Acciones llevada a cabo por dicha entidad en el año 2011, comprometiéndonos al estudio de su caso de forma gratuita y facilitándole el acceso a los documentos necesarios para la formulación de la oportuna demanda.

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El BOE nº 228, de 23 de Septiembre de 2015, publica la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, la cual entrará en vigor el día 16 de enero de 2016.

Según el legislador, dicha norma responde a la necesidad de reformar el vigente Baremo para la indemnización de daños y perjuicios casados a las personas en accidentes de circulación para que cumpla su función de una forma efectiva, buscando un justo resarcimiento de los perjuicios sufridos por las víctimas y sus familias como consecuencia de un siniestro de tráfico.

Sin embargo, el instrumento ideado a tal fin se presenta como una norma compleja, a veces farragosa en su redacción, que genera no pocas dudas en su interpretación y que seguramente va a generar multitud de problemas y controversias de cara a su aplicación práctica, lo que correlativamente puede traducirse en retrasos en la determinación y fijación de las indemnizaciones y el resarcimiento de las víctimas de referidos siniestros.

El 27 de julio de 2012 entró en vigor la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, publicada en el BOE Núm.162 de 7 de julio de 2012.

El día 31 de Octubre de 2012 entró en vigor la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude. Entre sus principales novedades cabe destacar la que supone el Art.7, Limitaciones a los pagos en efectivo, de dicha Ley, el cual establece la prohibición de pagar en efectivo las operaciones por importe igual o superior a 2.500 Euros, o su contravalor en moneda extranjera, en las que alguna de las partes intervinientes actué en calidad de empresario o profesional, constituyendo infracción administrativa el incumplimiento de las limitaciones a los pagos en efectivo establecidos en dicho precepto.

El día 22 de noviembre de 2012 entró en vigor la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, la cual aparece publicada en el BOE Núm.280 de 21 de Noviembre de 2012.

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